El 60% de la gente ignora qué han hecho los diputados en este primer año y la opinión sobre su desempeño pasó, en este trimestre, del 21% al 15%
No todos los diputados merecen crítica, pero son suficientes algunos, exhibidos en la prensa nacional, para desacreditar al parlamento
El 60% de la población ignora qué han hecho los diputados en el primer año de gestión, a partir del 1.° de mayo pasado. El 33% declaró estar al tanto de la labor legislativa y un 3% se abstuvo de responder. Así se desprende de la encuesta de la empresa Unimer por encargo de La Nación, entre el 7 y el 15 de marzo, cuyos resultados hemos venido publicando desde el domingo anterior.
Este dato sería, no obstante, incompleto si no se acompañase, a la vez, de la opinión positiva de los encuestados sobre la calidad de la labor parlamentaria, que descendió, en relación con la encuesta entre octubre y marzo pasados, al bajar de un 21% a un 15%. Además, al comparar su gestión con la de otros cuatrienios, si bien el actual grupo de diputados no sufre –pobre consuelo– la peor percepción de la década, sí es el que presenta el número más bajo de opiniones positivas en el mismo período. Asimismo, la desinformación es general sobre el peor o mejor desempeño de cada partido o fracción legislativa. El “no sé” acapara el 42%. Ni siquiera los propios partidarios muestran interés en el quehacer de los diputados de su partido.
En lo tocante a la información, se han de distinguir dos aspectos: la inexistencia de un sistema de comunicación eficiente entre el parlamento y los habitantes, pues aun la de los medios de comunicación se concentra, sucintamente, en el plenario, en el que prevalecen la superficialidad y la verborrea (el reglamento estimula a que todos hablen sobre todo), y suele mirar de reojo la de las comisiones. Por otra parte, si los encuestados no valoran el contenido de la labor parlamentaria, como queda dicho, no sienten aliciente en informarse de lo que piensan los diputados o, peor aún, de su desempeño objetivo convertido en leyes.
La solución de este círculo vicioso está en manos de los diputados. Sin embargo, tal como ha quedado documentado para la historia en estos meses, pareciera que algunos hacen todo lo posible en dañar la institucionalidad legislativa, al explotar en su provecho personal o político las aberraciones del reglamento interior de la Asamblea o al uncir su curul no al interés público, sino a sus pretensiones personales o partidistas, o a las del líder de turno, a quien le deben obediencia. Esta confusión de roles y de intereses puede dar lugar a sensibles corruptelas y a una distorsión de la labor legislativa responsable, a contrapelo del funcionamiento cabal del sistema democrático.
Esta afirmación anterior no debe pasar inadvertida, por cuanto no es justo que paguen justos por pecadores. Creemos que la mayor parte de los diputados buscan lo mejor para el país. Son los intereses partidistas, personales o extraparlamentarios los que invaden el ámbito de trabajo de los diputados y suscitan el escándalo, las escaramuzas y hasta las ansias de salir del anonimato, que luego alimentan inevitablemente la información legislativa. Estos excesos podrían erradicarse si se reformara el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, que alienta y espolea el abuso y la mediocridad. Sin embargo, mientras no se refuerce la calidad de los candidatos a diputados, este urgente objetivo no podrá cristalizar.
De lo dicho surge una reflexión: el anhelo legítimo de conquistar una curul, al que se consagra tiempo, dinero y esfuerzos, debe hermanarse con la noble aspiración –y la obligación– de legar a la familia y a la comunidad política, que lo eligió, un nombre limpio y un desempeño ejemplar y eficaz. Este hermoso propósito, sin embargo, se pervierte en el itinerario legislativo, por prácticas y conductas viciadas que rebajan al parlamento, dañan la democracia y entrañan un acto de deslealtad para el propio partido y para el resto de los diputados. Cae de su peso que estas conductas, dentro o fuera del parlamento, son las que distancian a los ciudadanos de la Asamblea Legislativa y de lo que se produce en su seno. El contenido moral, legal o político de unos pocos conspira contra el derecho a la información de todos.
Fuente: La Nación. 08 de Abril, 2011