La mayoría de costarricenses apoya la aplicación de los programas sexuales que promueve el Ministerio de Educación Pública.
Casi 8 de cada 10 ciudadanos están anuentes a que a partir del 2013 se imparta el llamado “Programa de educación para la afectividad y la sexualidad” a colegiales de sétimo, octavo y noveno.
Así lo revela la más reciente encuesta de Unimer para La Nación, en la que también se consultó sobre otros asuntos polémicos de la canasta de temas políticos ligados a criterios religiosos.
Por ejemplo, hoy son más los ciudadanos que avalan la posibilidad de que en el país se pueda practicar la fecundación asistida en forma legal, conocida como fecundación in vitro (FIV).
También el estudio evidencia un repudio popular mayoritario a la comisión de diputados que engavetó el proyecto de ley que pretendía legalizar las uniones entre parejas homosexuales.
Unimer consultó estos temas con 1.200 costarricenses mayores de 18 años mediante entrevistas individuales, casa por casa, en todo el país. El trabajo de campo se efectuó entre el 5 y el 11 de julio.
Para secundaria. El 77% de los ticos apoya la puesta en marcha de programas de educación sexual a colegiales de sétimo, octavo y noveno. El contenido de estos planes incorpora la importancia del placer en las relaciones sexuales, la afectividad y el uso de métodos anticonceptivos.
El enfoque que pretende dar el ministro Leonardo Garnier recibe una fuerte oposición de la Iglesia católica y otros grupos cristianos.
Algunos de estos grupos atiborraron la Sala IV con recursos de amparo y ayer los magistrados resolvieron que el programa debe ser optativo.
Los programas del MEP solo reciben el rechazo del 5% de los ciudadanos, mientras que el 15% de los encuestados evitaron tomar una posición sobre el tema.
Los grupos más favorables al enfoque del Ministerio son las personas con edades entre los 30 y los 39 años y residentes de zonas rurales.
Vida de laboratorio. Otro tema que saca chispas ante las posiciones cristianas y que se tramita en el Congreso, recibe también el apoyo de la mayoría: el 55% dijo estar “de acuerdo” y “muy de acuerdo” con la posibilidad legal de que las mujeres sean fecundadas en laboratorios sin tener que ir a otro país.
Este porcentaje supera al 47% presentado por una encuesta similar realizada hace dos años, antes de que se elevara el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante una demanda contra el Estado, presentada por parejas afectadas.
Esas parejas tiene el apoyo de 6 de cada 10 ciudadanos, pues estos consideran que la prohibición de realizar la fertilización in vitro en Costa Rica es una violación a los derechos humanos.
En este grupo resaltan los encuestados de nivel socioeconómico alto, los universitarios y los seguidores del Movimiento Libertario. Entre simpatizantes del PAC, en cambio, esta opinión es más tenue.
La opinión sobre la fertilización asistida como un derecho humano hace que el 55% de los encuestados crea que Costa Rica será condenada en el juicio que se desarrolla en la Corte Interamericana. El 26% previó que el Estado costarricense saldrá airoso y el 20% no se atrevió a pronosticar resultado.
En favor de uniones gais. El reconocimiento de derechos patrimoniales para las parejas homosexuales también tiene un respaldo popular mayoritario, pues el 51% reprueba a la comisión de diputados que, presidida por el legislador Justo Orozco, archivó el proyecto el 6 de junio. Al frente está el 42% que aplaude la decisión de desecharlo.
El plan, que tampoco ha recibido impulso de parte del Gobierno, establecía la posibilidad de que las parejas homosexuales gocen de derechos similares a las heterosexuales, como heredar, visitas médicas o seguro social.
Los activistas plantean ahora nuevas iniciativas para lograr que estos derechos le sean otorgados de la misma manera que a las parejas heterosexuales.
En años pasados han intentado el apoyo de legisladores y de la población, pues hasta ahora han enfrentado una mayoría popular contraria a sus posiciones.
Así lo habían manifestado cuando se analizó la posibilidad de un referendo nacional sobre el tema, el cual no se llegó a realizar por disposición de la Sala Constitucional.
Fuente: La Nación