La encuesta de Unimer para La Nación sigue siendo pródiga en sorpresas: nuestra segunda entrega, el lunes pasado, nos informa de que la Asamblea Legislativa podría repartirse en cuatro bloques de diputados, de acuerdo con los partidos que marchan a la vanguardia de las encuestas. La Unidad Social Cristiana (PUSC) tendría 19 diputados, 18 el Partido Liberación Nacional (PLN), 11 el Partido Acción Ciudadana (PAC) y 7 el Movimiento Libertario. Estos números pueden variar. Sin embargo, parece improbable que algún partido de los citados alcance la mayoría en el parlamento, lo que, además, ha sido la tendencia predominante en estos 50 años. La diferencia, en esta oportunidad, está en el acusado descenso de los partidos mayoritarios.
Ignoramos si algún partido político piensa presentar un recurso de amparo «electoral» por estas cifras o si algún experto político clamará al cielo por alguna diabólica manipulación, mas lo cierto es que, una vez más, se plantea el tema del funcionamiento eficiente y eficaz de la Asamblea Legislativa. No debe postergarse por más tiempo el análisis de esta cuestión básica ni la adopción de las reformas pertinentes. Cualquiera sea la composición final del parlamento, queda de manifiesto que, si el diálogo y la negociación son consustanciales con el ethos mismo de la democracia y de la acción política, la próxima Asamblea Legislativa exigirá, más que nunca, una nueva actitud en este campo por la naturaleza singular de los problemas nacionales e internacionales, y por carecer nuestro parlamento de mecanismos apropiados para compaginar la deliberación política con la eficacia.
Si los partidos políticos mayoritarios no vieron, en estos cuatro años, los signos de los tiempos ni pusieron oídos atentos a las demandas de cambio de la población, el rumbo de esta campaña debería sacarlos de su sopor. Entre las principales demandas figura un cambio en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, objeto, junto con los partidos políticos mayoritarios, de las críticas de los ciudadanos, en forma congruente, en todas las encuestas. Su lamentable descrédito se ha originado en la conducta reprochable de algunos diputados, en la falta de autoridad, en esa especie de tierra de nadie que es nuestro parlamento, así como en la carencia de un marco reglamentario adecuado para el plenario legislativo. Estas fallas internas han hecho que la Asamblea Legislativa funcione en forma casuística o in extremis, y no con sentido institucional. La hombría de bien, el espíritu patriótico y la responsabilidad personal pueden, en determinadas circunstancias, aligerar la labor parlamentaria. Esta, sin embargo, no puede estar al arbitrio de negociaciones coyunturales o de la buena voluntad de algunos diputados empeñosos. Se requiere un marco institucional definido, fluido y eficaz, como se estila en todos los parlamentos de las democracias más sólidas del mundo.
Dado el curso de la actual campaña política, este es un momento oportuno para revivir estos conceptos y para poner en marcha las reformas correspondientes. Al menos, este debe ser un objetivo parlamentario de aquí al próximo 1.º de mayo. Aparte las diferencias de criterio y hasta las secuelas que deja una contienda electoral, siempre cabe esperar que el sentido de la responsabilidad y del bien común se instalen en la Asamblea Legislativa. Esperamos que esta sea la mejor herencia al país de los actuales diputados.
Fuente: La Nación. 12 de diciembre, 2001