La inseguridad no es una lucha exclusiva del Ministerio de Seguridad Pública
Las estadísticas a nivel mundial señalan que el principal problema que tenemos que resolver es el de la inseguridad ciudadana, desafío que en Costa Rica estamos enfrentando con una importante inversión en recurso humano y material; con alianzas interinstitucionales y con otros Poderes de la República; con iniciativas novedosas como la distritalización policial y con la experiencia y el consejo de quienes en el pasado han tenido en sus manos la conducción del Ministerio de Seguridad Pública.
Ciertamente, al país le consta que como ministra de Seguridad Pública vengo insistiendo en que el problema de la inseguridad ciudadana es integral, que es necesario ampliar oportunidades para ciertos sectores de la población, que hay regiones que sobrepasan los límites de pobreza extrema, que la rehabilitación de los afectados por la drogadicción también es un problema de salud, pero simplemente ver el árbol y no el bosque nos lleva a cometer la injusticia de creer que el problema de la inseguridad y la delincuencia es solo responsabilidad del Ministerio de Seguridad Pública.
Complejidades. Los resultados en materia de disminución de actos delictivos no se dan por una sola acción temporal o de un solo sector. A la mayoría se le olvida que el tema de la seguridad ciudadana es responsabilidad del Ministerio de Seguridad en un alto componente, pero el tema es integral y durante los últimos cuarenta años pocos o ninguno se interesaron en invertir esfuerzos previniendo lo que hoy sucede en nuestras calles.
Prueba de ello es el desastroso estado de las comandancias, de las delegaciones policiales, del escaso o nulo equipamiento de nuestras fuerzas policiales; del continuo reclutamiento –Administración tras Administración– de policías impuestos por cuestiones políticas y no por preparación o por méritos; de la falta de compromiso de instituciones de apoyo en materia de prevención social; en fin, de la falta de visión a mediano y largo plazo para invertir en bienestar social y por ende en seguridad humana, que encontramos al inicio de esta Administración.
Ningún Gobierno como el presente ha hecho un esfuerzo tan importante para dotar de motos, patrullas, plazas policiales, mejores salarios para los uniformados, equipamiento, alimentación, aumentando el presupuesto en los primeros tres años en un 84%, pero, al ser el problema de la inseguridad estructural, no pretendemos solucionarlo de un día para otro, y no por ello se pueden tildar nuestros esfuerzos de fracaso.
Leyendo la encuesta de la empresa UNIMER, lo que más se destaca, es la intranquilidad de la gente por el consumo de drogas en sus barrios; no en vano hemos lanzado desde hace seis meses “el operativo crack ”, cuyos resultados nos permiten afirmar que se han retirado más de 175.000 piedras del mercado, de esos pequeños negocios que operan en casi todo el país y que generan zozobra, inseguridad y angustia en toda la población, dado que son personas adictas, capaces precisamente de matar por un celular, por mil colones, por una cadena… para alcanzar su fin: comprar la piedra.
Problema de todos. En este campo no negamos que el problema es grande. Asimismo son grandes nuestros esfuerzos para enfrentarlo con seriedad, valentía y compromiso. Pero, señores, tengamos claro que esta no es una lucha exclusiva del Ministerio de Seguridad Pública, es un problema nacional que toca desde el núcleo familiar, la comunidad, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Instituto Costarricense del Deporte, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, nuestros jueces entre otras instituciones y también la empresa privada.
Comulgo totalmente con la profunda preocupación de los medios informativos por el tema de la inseguridad ciudadana y los insto a ellos también a colaborar con responsabilidad social para forjar en el país una política de confianza, de armonía y de tranquilidad para la ciudadanía que, a la par de la Policía, debe tener la fuerza suficiente para denunciar a los que delinquen y solicitar la defensa de los espacios seguros, hoy en manos de unos pocos. Tengamos presente que somos más los honestos y los honrados que los que se apartan de de la ley y de las normas de conducta.
Fuente: La Nación. 21 de febrero, 2009