Sider Hernández Campos está «sumamente satisfecho» con el sistema democrático costarricense, pero no se siente representado por quienes son elegidos y cree que deben realizarse cambios en los mecanismos de elección directa.
«Una de las cosas que podría mejorar es la elección de los diputados, que no sea a dedo, y dar un mayor fortalecimiento a los gobiernos locales», agrega este administrador de empresas, de 31 años y vecino de San Rafael de Heredia.
La opinión de Hernández, padre de una niña de ocho meses, no dista mucho de los resultados de la última encuesta de Unimer Research International, elaborada en enero, por encargo de La Nación.
Según esta investigación, un 55,3 por ciento de los ticos está satisfecho con la forma como funciona el sistema democrático y una cifra aún mayor (71,9 por ciento) hasta dice avalar la manera como se elige al mandatario, los diputados, alcaldes y regidores.
Sin embargo, 54 de cada 100 encuestados alega no sentirse representado por quienes son elegidos y el 63,6 por ciento externa insatisfacción hacia los políticos.
Este sentimiento de satisfacción por el sistema democrático, pero de disgusto hacia varios de sus actores, reafirma una tendencia manifiesta en los últimos años y que cobró relevancia tras la frustrada aprobación legislativa del proyecto de transformación del ICE –o «combo eléctrico»–, en marzo del 2000.
En mayo pasado, una encuesta de Unimer reveló que los costarricenses avalaron las protestas callejeras por ese hecho (en un 67 por ciento).
También, un 93,7 por ciento aseguró, en aquel momento, que las protestas fueron una forma de decir a los dos partidos mayoritarios «que los ticos están cansados de lo que han hecho con el país».
Ahora, los costarricenses también se consideran con amplias posibilidades de influir en los asuntos públicos y, en forma abrumadora, un 96 por ciento sostiene que los ciudadanos deberían participar más en las acciones del Gobierno y de los partidos políticos.
La reciente encuesta de Unimer se efectuó entre el 16 y 24 de enero. Se entrevistaron a 1.201 personas mayores de edad, en todo el país. El margen de error es de 2,8 puntos porcentuales.
Satisfacción a medias
Entre quienes se sienten más satisfechos con el funcionamiento de nuestro sistema democrático, están las personas sin estudios o con bajos niveles de escolaridad, el resto del país rural, simpatizantes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y quienes votaron por el presidente Miguel Ángel Rodríguez o no lo hicieron en 1998.
La mayor parte de este grupo señala la libertad como el motivo para tener una posición tan optimista.
Así, un 34,5 por ciento cita a la «la libertad de expresión» como el aspecto más satisfactorio, un 24,9 por ciento estima que «gozamos de libertad» y un 19,1 por ciento el hecho de que «tenemos paz».
De la muestra total, casi el 40 por ciento está insatisfecho y como causas principales identifica «la corrupción política» (14,1 por ciento) y el «incumplimiento de promesas» (9,8 por ciento).
«Uno siente la decepción de la gente (…) porque se percibe que en lugar de hacer política en el buen sentido de la palabra, lo que se hace es politiquería», sentencia José Manuel Murillo, un profesor universitario de Fátima de Heredia.
Apego democrático
A los encuestados también se les pidió valorar cuáles instituciones públicas u organizaciones privadas contribuyen más con la democracia.
En orden descendente, fueron mencionadas la Caja Costarricense de Seguro Social (15,8 por ciento); la Defensoría de los Habitantes (12,3 por ciento); el sistema educativo (10,9 por ciento) y el Instituto Costarricense de Electricidad (10,7 por ciento).
La diferencia entre quienes citaron a los distintos poderes de la República fue mínima. El Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones fueron escogidos por 6 de cada 100 personas, mientras que el Congreso y el Poder Ejecutivo por 5 de cada 100 personas.
Los medios de comunicación son las primeras organizaciones privadas en la lista de quienes contribuyen a la democracia (5 por ciento de las menciones).
En este apartado, los partidos políticos son duramente enjuiciados pues solo obtienen el uno por ciento.
Jaime Ordóñez, consultor internacional y director de la cátedra de Teoría del Estado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), explica que la gente percibe bien a las instituciones prestatarias de servicio público, pero censura a los órganos políticos.
Por esa razón, dice, es más severa con los poderes del Estado.
Advierte que si el malestar permea en las entidades de servicio público, el régimen institucional y jurídico del país estaría frente a un grave riesgo.
Sin representación
Si bien es cierto que a casi tres cuartas partes de los ticos le satisface la forma en que se eligen las autoridades, poco más de la mitad no se siente representada por quienes son electos.
En ese grupo figuran estudiantes universitarios, las personas de clase media y alta, los residentes del Valle Central, quienes no tienen filiación política y votaron por José Miguel Corrales u otros partidos minoritarios en 1998.
Ordóñez sostiene que, sin lugar a dudas, el país requiere «una reingeniería de su modelo de representación».
Por el contrario, se consideran bien representadas las personas que no tienen estudios formales, quienes cuentan con un bajo nivel de escolaridad y menor nivel socioeconómico, así como los residentes del resto del país rural, los simpatizantes de partidos mayoritarios y quienes sufragaron por Rodríguez, hace tres años.
Fuerte presión
La opinión de los ticos varía radicalmente cuando se les confronta con el panorama de elección de diputados por listas provinciales y la posibilidad de que puedan seleccionar directamente a los de su preferencia. Allí, un 78,3 por ciento se inclina por el voto directo.
«El votante debe tener derecho a elegir a la persona que lo represente y no escoger de una lista preestablecida», insiste José Manuel Murillo.
Según Miguel Gutiérrez Saxe, director del proyecto Estado de la Nación, el sistema político costarricense tiene una crisis importante. «Se resiste, desde hace varios años, a las reformas políticas», puntualizó.
Pese al deseo de elegir por voto directo a los diputados, un 57,2 por ciento de los entrevistados dice no estar de acuerdo con la idea de la reelección inmediata de los congresistas, frente a un 39,9 por ciento que sí la apoya.
Al consultar cuál de las autoridades que se eligen cada cuatro años atiende en mayor medida las necesidades de los ticos, los regidores fueron mencionados por casi la tercera parte de la muestra; los diputados por 23 de cada 100 y el Presidente de la República por 16 de cada 100. Una cuarta parte responde que «ninguno».
Pese al reconocimiento que tienen los ediles, el 61,8 por ciento asegura tener poca o ninguna confianza en la forma en que las municipalidades atienden y los problemas de sus comunidades.
Análisis
¿Reformas contra apatía?
Se trata de una queja de larga data, constante y… creciente.
La insatisfacción hacia algunos actores del sistema democrático y el deseo de estar mejor representado por quienes ascienden a cargos de elección popular, es un debate que emergió con gran fuerza en mayo de 1995.
En esa oportunidad, poco más de la mitad de los ticos estaban profundamente inconformes, desmotivados e incrédulos ante el sistema político nacional, según una amplia investigación de Unimer Research International.
Hoy, en el Congreso, la Comisión de Reformas Electorales y el plenario legislativo tramitan dos iniciativas tendientes a atenuar la apatía de los ciudadanos y mejorar los mecanismos de elección popular.
En la primera instancia se discute un paquete de modificaciones legales impulsadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Llegó al primer poder de la República a principios de febrero.
Además de proponer la eliminacion del subcociente, plantea un cambio polémico (muy objetado por los partidos mayoritarios): la posibilidad de que el elector cambie el orden de dos de los nombres de los candidatos propuestos en las papeletas para diputados (conocido como voto preferencial).
Por otra parte, el plenario está por discutir en primer debate laLey de Partidos Políticos, un proyecto que sistematiza el aporte estatal a los comicios (0,11 del producto interno bruto) y regula aspectos sobre la administración y organización de las agrupaciones políticas.
Malestar y reformas
En mayo anterior, otro estudio de Unimer reveló un fuerte descontento de los ticos hacia la clase política, especialmente tras las protestas callejeras por el aval legislativo a la transformación del Instituto Costarricense de Electricidad.
Un 90 por ciento dijo que las protestas eran un mensaje de cansancio contra los partidos mayoritarios y una queja porque los gobiernos y los políticos se han olvidado de las necesidades de la gente.
Tanto en esa ocasión, como en el reciente estudio de Unimer, los costarricenses externaron la sensación de estar mal representados por quienes llegan a cargos de elección popular.
De ahí que las reformas impulsadas por el TSE –para algunos sectores catalogadas de «tímidas»–, cobran relevancia como una manera de mejorar la representatividad de los ciudadanos.
No en vano los ticos están dirigiendo ahora su mirada hacia formas de organización comunal y actos de manifestación comunal más directas: plebiscitos y referendos.
Desconfianza popular
Sin bien es cierto existe un amplio aval al sistema democrático, los costarricenses desconfían de algunos actores políticos.
Sider Hernández Campos
(31 años). Administrador de empresas y vecino de San Rafael de Heredia.
«Si se fortaleciera la elección directa de diputados, y no a dedo, creo que tendríamos representantes más adecuados».
Óscar Ulloa Porras
(39 años). Chofer de bus y vecino de Tibás.
«Las decisiones las toman los políticos y al pueblo ni lo toman en cuenta».
Jesús Badilla Mora
(43 años). Taxista y vecino de Alajuelita.
«Aquí lo que hay es una dictadura con diferente bandera».
Fuente: La Nación. 12 Marzo, 2001